Dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia

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Este 24 de Marzo se cumplen 49 años desde el día que las Fuerzas Armadas Argentinas llevan a cabo el plan del Golpe de Estado derrocando a la entonces presidenta María Estela Martinez de Perón.

Aquel 24 de Marzo de 1976 la presidenta se encontraba viajando hacia la quinta presidencial en helicóptero, entonces el piloto cambia el rumbo hacia el Aeroparque Jorge Newbery, donde al bajar la esperaban el general de brigada José Rogelio Villarreal, el contraalmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio Lami Dozo, quienes le comunican que las Fuerzas Armadas se han hecho cargo del poder politico y que ella había sido destituida. Entonces es trasladada a Neuquén y recluida en la Residencia El Messidor donde estuvo recluida unos pocos meses, y luego fue trasladada al Arsenal Naval de Azul donde estuvo presa durante cinco años.  Esa misma madrugada a las 03:10 de la mañana son ocupadas todas las estaciones de televisión y radio, y es emitido el primer comunicado de la Junta Militar, el cual profesaba los siguiente:

“Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales: Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado: Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército; Emilio Eduardo Massera, Almirante, Comandante General de la Armada; Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.”

Durante el transcurso del día se dieron 25 comunicados distintos entre los cuales estuvo incluido el Acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar, documento en el cual se declaraban caducos los mandatos del presidente de la Nación, gobernadores y vicegobernadores, interventores federales, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes municipales, representantes y concejales. También se removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los integrantes de los tribunales superiores provinciales y se suspendió la actividad política y gremial. Finalmente, el Acta informa que se notificaría lo resuelto y actuada a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país y a las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior. El Acta señalaba que una vez efectivizadas estas medidas se designaría al ciudadano que ejercería el cargo de presidente de la Nación.

Las medidas anunciadas mediante aquella acta que fue dada a conocer a las 10:40 de aquel fatídico miércoles veinticuatro de marzo ponían en marcha lo anunciado a las 3:20 AM en una proclama difundida por la cadena radial y firmada por los tres comandantes generales. Ese documento explicó la determinación asumida por las Fuerzas Armadas: «Esta decisión -señaló en uno de sus párrafos-, persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder. Es una decisión por la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica o sector social alguno. Rechaza, por consiguiente, la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia».

Por la tarde se difundió el comunicado número 25. En él que se establecía la intervención de la CGT y CGE y el congelamiento de sus fondos, la supresión del fuero sindical y la intervención de la Cruzada de Solidaridad, a efectos de su liquidación.

Estas entre varias otras fueron las primeras medidas de la Junta Militar, adoptadas en medio de la expectativa pública, durante una jornada que a pesar del continuo desplazamiento de tropas en todo el país, se vivió en calma.

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Sucesos previos al sexto Golpe de Estado

Aquel golpe de estado ejecutado en el año 1976, el sexto en la historia de nuestro país llevo años de preparación hasta ser concretado siendo el punto inicial la muerte del presidente Juan Domingo Perón el primer día del mes de julio durante el año 1974. Su muerte causó un gran vacío político en la sociedad argentina, ya que el partido que lo había llevado a la victoria electoral como lo era el Frejuli no pudo preservar la estabilidad política, y su sucesora tampoco pudo contener la deteriorada situación política y social de Argentina.

La situación de guerrillas que sufría Argentina y eran contrarrestadas por la organización parapolicial autodenominada Triple A, hacían del país un entorno político frágil de mucho sufrimiento e inseguridad para sus ciudadanos. El 5 de febrero de 1975 se da inicio al Operativo Independencia, una intervención militar con el objetivo de aniquilar a los bastiones de la guerrilla en la selva de Tucumán, que mantenía una presencia en la zona desde principios de 1974. En octubre, el país fue dividido en cinco zonas militares, y a cada comandante se le dio carta blanca para desatar una cuidadosamente planificada ola de represión.

Durante el año 1975 se dieron distintos sucesos en el Ejército Argentino que habían fortalecido la opinión positiva a nivel interno sobre aquellos que llevarían adelante el Golpe de Estado de 1976. Uno de esto fue la destitución de Alberto Numa Laplane Coronel General del Ejército Argentino quien era un defensor del “profesionalismo integrado”, esto significaba que el Ejército Argentino debía mantener una relación más estrecha con el Gobierno Civil, esto implicaba un compromiso del Ejercito con el gobierno. Luego de la muerte de Perón, se realiza una reestructuración del gabinete del gobierno y el Coronel Vicente Damasco (Muy cercano a Perón a tal punto que estuvo a punto de ser parte de la fórmula presidencial) paso de Secretario Militar a Ministro de Interior esto generó que quienes defendían la teoría del “profesionalismo prescindente” (Las Fuerzas Armadas no podían servir a una facción política sino a toda la Nación) como lo eran Carlos Delía Larroca, Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Carlos Suárez Mason y Diego Urricaret le planteasen este problema en la reunión de altos mandos de la Fuerza a Laplane, ya que veían o querían ver un compromiso político del Ejército con el gobierno, lo que ellos entendían desnaturalizaba la misión del Ejército.

Laplane frente a esta situación esgrime varios argumentos para defender la asignación del Coronel. Laplane entendía que el problema no era si pasaba al retiro a Damasco, o el cargo que el mismo ocupaba, sino que era solo un pretexto para atentar contra la Fuerza, el Gobierno y el país. Entonces resuelve “Mantener la aprobación del Coronel Damasco como ministro del Interior” y presuntamente intentó pasar al retiro tanto a Videla como a Viola.

El sábado 23 de agosto, el PRT-ERP abandonó en un baldío de Rosario el cadáver lacerado y con visibles marcas de haber sufrido tormentos del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure quien estaba secuestrado desde el 10 de agosto de 1974. En sus exequias habló el teniente general Alberto Numa Laplane, volvió a reiterar la tesis del profesionalismo integrado. Sus palabras profundizaron el clima de rechazo en el Ejército. Los altos mandos de la Fuerza decidieron pedir su relevo por no interpretar el sentir del Ejército.

El martes 26, Alberto Numa Laplane presentó el retiro. Isabel de Perón, demostrando autoridad lo rechaza y le ratifica su confianza. A pesar de eso Carlos Delía Larroca asume la comandancia por antigüedad, Laplane advierte que no tiene ningún respaldo y el miércoles vuelve a su casa. Frente a la necesidad de establecer un nuevo Comandante General del Ejército. Durante varias horas llegan a la residencia de Olivos distintos funcionarios, sindicalistas, legisladores y asesores de todo tipo. Primaban dos líneas de acción distintas que eran la de designar al general Alberto Samuel Cáceres Anasagasti. Apoyaban esta tesitura Lorenzo Miguel, el ministro Carlos Emery y los sectores nacionalistas críticos de José López Rega. Cacéres contaba con los pergaminos necesarios para el cargo.

La otra línea pujaba por respetar el orden de antigüedad, posición que conducía a Delía Larroca a la comandancia. Respaldaban la idea, Ítalo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Casildo Herreras y otros sindicalistas.

La balanza la inclina finalmente el almirante Emilio Eduardo Massera de la siguiente manera: llamó por teléfono al edecán naval presidencial que era testigo de los cónclaves y preguntó: ¿Dónde está la presidente? “Arriba en su habitación” fue la respuesta. “Bueno, haga que no baje hasta que yo llegue a Olivos. Quiero hablar con Garrido (Ministro de Defensa). ” Luego sin ningún tipo de diplomacia fue al grano “Dígame, pedazo de pelotudo, desde cuándo a usted los sindicalistas le eligen al comandante en jefe del Ejército”. Poco más tarde conversó a solas con la Presidente. El general Larroca se automarginó y se impuso el orden del escalafón. Fue designado Jorge Rafael Videla (tercero en antigüedad). El nombramiento de Videla consolidó la unidad de la institución, sino de las tres fuerzas armadas. Luego de esta designación El general Cáceres Anasagasti conto en 2006 lo siguiente:

“Cuando me entero que el general Jorge Rafael Videla fue convocado a Olivos, donde se le ofreció el cargo de comandante general de Ejército y que lo había aceptado, llamo a mi despacho al sargento 1° oficinista Félix Muñoz que se desempeñaba en mi ayudantía y le ordeno que busque en mi portafolios la solicitud de retiro sin fecha y sin firma que siempre llevaba allí desde el día que ascendí a general de brigada el 31 de Diciembre de 1970. El sargento 1° Muñoz me miró, intentó dar una opinión, pero finalmente la buscó y la trajo hasta mi escritorio, le pongo la fecha y firmé, la ensobré y me dirigí al Estado Mayor Conjunto para entrevistarme con el general Videla que por la tarde de ese día asumiría en Palermo como Comandante en Jefe del Ejército y le entregué mi solicitud de retiro con el pedido que le diera el más urgente trámite. Antes de retirarme del despacho de Videla, éste me preguntó por qué me iba. Mi respuesta fue: ‘Te voy a ser muy sincero, porque no quiero ser cómplice de lo que ustedes van a hacer´’

Ahora las fuerzas armadas habían quedado a cargo de quienes claramente se oponían a la presidencia de Isabel de Perón.

En septiembre de 1975, luego de la crisis militar la señora de Perón se tomó una licencia en Ascochinga, Córdoba, y el senador Ítalo Luder la reemplazó. Frente al acontecimiento, el embajador Robert Hill informo a Washington el 10 de septiembre de 1975, y los EEUU determinan que está en Argentina poner su casa en orden. El momento de fragilidad política era tal que el Almirante Massera en una oportunidad le dijo al senador Luder  “Si la sacan a Isabel gobiernan ustedes. Si la sacamos nosotros gobernamos nosotros”. El embajador Hill frente a la crisis militar hizo el siguiente análisis.

El resultado de la reciente crisis militar señala claramente que el poder político real ya no reside más en la Presidente. En este punto, que la Presidente permanezca o no en el cargo es una cuestión de interés académico. Hay un vacío de poder y ella no es quien lo va a llenar; por lo tanto, sea que quede como cabeza visible por algún tiempo o que un nuevo gobierno encabezado por Luder o alguien como él la reemplace, la Señora de Perón ya no está en el centro de la ecuación. Otros pueden tratar de llenar el vacío y cuando lo hagan deben modificar la economía y los problemas inmediatos que cualquier gobierno debe enfrentar.

Los terroristas tienen escaso apoyo popular, pero su influencia se expande por todo el país. En este punto, no tienen la capacidad de voltear al gobierno y tomar el poder. Sus acciones sin embargo ya han interrumpido el fluir normal de la vida económica y política en Argentina.

“Para demostrar que es efectivo, cualquier gobierno, sea civil o militar, debe revertir la marea. La Señora de Perón ha sido incapaz de hacerlo, un factor que ha contribuido a minar su posición. Los terroristas tienen algún grado de impacto sobre la durabilidad del gobierno. Si los militares toman el poder y fracasan en estabilizar el país, los terroristas podrían estar en capacidad de llevar a la extrema izquierda al poder, aunque esta sería la peor de todas las posibilidades.

¿Por qué esto le importa a Estados Unidos? USA tiene importantes intereses en Argentina. Los más tangibles son los 1.5 billones de dólares en inversiones que tenemos aquí. Menos tangible, pero no menos importante son cierto número de consideraciones políticas.

Argentina es uno de los cuatro países más ricos de América Latina. Domina el Cono Sur y continúa teniendo marcada influencia en la OEA. Si estuviera gobernado por un gobierno responsable, moderado, bien dispuesto hacia nosotros, sería de gran ayuda trabajar en unas relaciones hemisféricas más viables, como ciertamente se hizo con el Ministro Vignes quien desempeño un papel de suma ayuda desde Tlatelolco hasta que el desorden interno se agudizó a principios de este año. Una Argentina desorientada, bajo una conducción irresponsable y hostil, podría crear serios problemas para nuestra posición en el hemisferio entero, tanto en la OEA como en otros lados. Por ejemplo, Argentina está a la cabeza de otros estados latinoamericanos en desarrollo nuclear y puede construir un artefacto nuclear si el gobierno lo desea. Dada la rivalidad tradicional y a veces emocional con Brasil, el cual también puede construir una bomba, los ingredientes para una carrera armamentística están dados, sólo hace falta para que se activen que cada lado se comporte irresponsablemente. Esto complicaría enormemente nuestras relaciones con ambos y también nuestra posición en el resto del hemisferio.

¿Qué puede hacer USA? El gobierno es inestable y está acosado por problemas internos que le impiden ser un socio efectivo en los esfuerzos internacionales. Lo peor sin embargo, parece estar todavía unos cuantos escalones más abajo. Esperemos que Argentina nunca llegue allí, pero dado el grado de deterioro de los últimos seis meses, nadie puede ser excesivamente optimista. Poco puede hacer USA que afecte significativamente los resultados aquí. […] Básicamente, está en Argentina poner su casa en orden. Si ellos no pueden hacerlo, nadie puede por ellos”

El 18 de diciembre, el sector ultranacionalista de la Fuerza Aérea liderada por Jesús Cappellini brigadier mayor de la Fuerza Aérea se sublevó y llevó a cabo el Comando Cóndor Azul, con el objetivo de derrocar a la presidenta. Un número de aviones despegaron de la base aérea de Morón y ametrallaron la Casa Rosada. La rebelión pudo ser detenida cuatro días después. Sin embargo, el ejercito tuvo éxito en desplazar al comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario, último oficial leal a Isabel y receptor de duras críticas desde el Ejército y la Marina por su vehemente oposición a sus planes represivos, y por no movilizar a la fuerza aérea contra la guerrilla en Tucumán.

En los primeros meses de 1976 el destino de Argentina estaba sellado. El frente guerrillero en Tucumán diezmado y los refuerzos de montoneros también habían sido derrotados, y las Fuerzas Armadas con el apoyo total de parte de EE. UU. y de parte de la élite local esperaban el momento oportuno para derrocar al gobierno. En febrero, el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe, que contemplaba la necesidad de «encubrir» como «acciones antisubversivas» la detención clandestina de militantes y opositores, desde la noche misma del golpe.

Gobierno de Facto 1976-1983

Desaparecidos

Durante la dictadura militar se cometieron las peores atrocidades, con 30.000 personas desaparecidas, y quienes fueron asesinados, torturados hasta la muerte, arrojados a la nada en los denominados vuelos de la muerte. La cifra de 30.000 personas fue una cifra genérica y simbólica establecida por las organizaciones de derechos humanos, esta cifra es probablemente menor a la real, existen documentos que indican esa posibilidad como real.

El documento publicado en el Archivo Digital de Seguridad Nacional, de la Universidad de George Washington, forma parte de un dossier de 1.500 páginas originales obtenidas por la Justicia argentina. La imagen pertenece a la página 238, de Volumen V.

Este es un extracto de un documento publicado en el Archive Digital de Seguridad Nacional, de la Universidad de George Washington, forma parte de un dossier de 1500 páginas originales obtenidas por la Justicia Argentina.  También existe un documento en el que altos funcionarios de la dictadura argentina, confirmaban 15.000 desaparecidos muertos

El primer extracto es sobre el numero de muertos y desaparecidos hasta julio de 1978, y el segundo sobre desparecidos muertos hasta diciembre del mismo año.

Los metodos de tortura aplicados durante la sanguinaria dictadura militar habían sido aprendidos por los oficiales del Ejercito durante la gestion como subdirector en la Escuela Superior de Geuerra del coronel Carlos Jorge Rosas entre los años 1957 y 1958, Rosas había terminado su formación en el ejército francés entre 1953 y 1955. Durante su gestión como subdirector de la ESG del ejército argentino inició una reestructuración de la institución tomando como modelo las normas vigentes de su par francesa: puso en marcha una renovación del cuerpo de profesores, introdujo innovaciones en el aspecto pedagógico e incorporó asesores militares galos.

Política de Gobierno

El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” se preocupó por producir un “proyecto nacional” como lo hacían varios gobiernos de la epoca, intento escribir uno Perón en su corto tercer gobierno, Lanusse durante su dictadura, etc.

La facción sediciosa de las fuerzas armadas aspiraba a cambiar de cuajo a la sociedad argentina, a la que concebía como insatisfactoria (una masa anarquizada que debía ser enérgicamente disciplinada), creían que su misión era refundar la República y, para ello, consideraron imprescidible ceñirse a un ordenado plan que orientara el rumbo de lo que creían debían hacer.  Los golpistas aspiraban a “iniciar un nuevo ciclo histórico” y estaban convencidos de que sólo sería posible mediante un planeamiento minucioso, por eso modificaron a su arbitrio las leyes necesarios y crearon un ministerio de la especialidad, del cual dependerían una secretaría de Planeamiento y otra de Proyecto Nacional.

El responsable del área fue el entonces general Ramón Genaro Díaz Bessone miembro de la cúpula golpista y representante de su ala más dura que había realizado un labor similar durante el gobierno de facto del general Lanusse.

Bessone desarrolló un nuevo Proyecto nacional de unas 200 paginas en el que intentaba imponer su aberrante línea de pensamiento en el seno del “proceso de reorganización nacional”. Este proyecto aspiraba a la construcción de una “Nueva República”, para lo que consideraba imprescindible que las fuerzas armadas permanecieran en el poder durante 14 años para que recién, hacia 1990, se pudiera pensar en avanzar hacia un aconvergencia cívico-militar.

Este proyecta nacional quedaba reducido a un activo anticomunismo que apenas expresaba la ideología intolerante y represiva de los militares que detentaron el poder en aquel oscuro período. Ideologicamente lo único que quedaba a la derecha de esta bazofia de doscientas paginas era el deplorable gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, aquél que, con meridiana sinceridad y gran poder de síntesis, había expresado:

Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después (…) a sus simpatizantes, en seguida (…) a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos.

Este plan de gobierno no sería aplicado a pesar de haber sido aprobado por la Junta Militar ya que Díaz Bessone renunciaría el 30 de diciembre de 1977 por sus discrepancia con los planes del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz cuyos intereses eran menos ideológicos y mas coyunturales.

Al hablar del gobierno militar es inevitable hablar acerca de la desastrosa politica economica de la misma, aumentando la pobreza en un 873% pasando del 2,6 porciento de la población al 25,3% en 1983, y la desocupación aumenta en un 200% pasando del 3 al 9 porciento. En forma más general los numeros son los siguientes:

  • Nivel de endeudamiento (relación PBI) 60%
  • Déficit fiscal anual promedio (relación PBI) 17%
  • Variación del PBI anual promedio 0,3%
  • Variación Participación de la industria (relación PBI) -15%
  • Variación Participación del sector primario (relación PBI) 19%
  • Variación Participación del sector financiero (relación PBI) 10%
  • Inflación anual promedio 200%
  • Índice de Desocupación 9%
  • Índice de pobreza 25%

Fuente CEDMA

-: El plan económico de Martínez de hoz (1976)

La desindustrialización es un punto muy importante en el plan económico del Ministro Martinez de Hoz haciendo reduciendo en 15% la participación de la industria en relación al PBI, desapareciendo de esa forma ramas industriales enteras. En su contraparte aumenta la participación del sector primario casi un 20% y el financiero en un 10%. Este plan era un cambio radical en aquellos que habían llevado adelante gobiernos anteriores, no solo los del PJ sino los opositores también, dejando de lado el modelo de desarrollo industrialista-nacional, hacia un modelo rentístico-financiero. El producto bruto industrial cayó en los primeros cinco años un 20%, así como la mano de obra ocupada y el cierre de plantas fabriles.

Alberto Numa Laplane anteriormente mencionado en noviembre de 1982 brinda una conferencia en Neuquén donde acusó al Proceso criticó varias de las decisiones de la Junta Militar que nos permiten entender como era la situación política, entre las denuncias de Laplane se destaca la acusación de imponer un programa económico destinado a «llevar al país a un estado pastoril, con 15 millones de habitantes y 50 % de analfabetos». Cuestionó los intentos de asegurar la injerencia de las FF. AA. en un futuro gobierno constitucional «convertirlas en un cuarto poder que nada tiene que ver ni con la democracia ni con las Fuerzas Armadas» y también que los militares debían comprender que «no pueden, no saben ni deben asumir el gobierno del país».

El plan de Gobierno de Díaz Bessone que implicaba cambiar no solo el rumbo económico y político del país sino también reemplazar el ideario argentino común por ideas propias de quienes atentaban diariamente contra los valores que se exclaman en el preámbulo de nuestra constitución, valores que eran columnas del espíritu de muchos, reestructurar el país según el deseo de extranjeros que nada conocían de estas tierras y lógicamente pensaban solo en lo mejor para los propios, mas no para nuestra nación.

Plan Cóndor

El golpe de estado ejecutado en Argentina formo parte de la Operación Cóndor que fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por distintos gobiernos de Estados Unidos, este plan incluía no solo la financiación económica sino también operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores en varios países de Latinoamérica. Implementa oficial y formalmente el 25 de noviembre de 1975 por los lideres de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay, e implementada luego por las cúpulas de los regímenes dictatoriales y gobiernos democráticos de América del Sur.

El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política, el peronismo, el sindicalismo, las agrupaciones estudiantiles, la docencia, el periodismo, el campo artístico, la teología de la liberación y el movimiento de derechos humanos.

Esta operación se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos en la Guerra Fría con el fin de suprimir o reprimir a sectores políticos democráticos, populares, de izquierda o nacionalista, también organizaciones juveniles, sindicales, religiosas, barriales y campesinas. ​ Antes y durante la vigencia del Plan Cóndor, el gobierno de Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Doctrina Nixon y la acción de la Escuela de las Américas, proporcionó planificación, coordinación, formación sobre métodos de tortura y terrorismo de Estado, apoyo técnico y suministró ayuda militar a grupos golpistas y juntas militares. Siendo el principal responsable de apoyar e idear el Plan Condor quien fue secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger.

Fue tal la participación de Kissinger que se lo apunta (según el investigador británico Christopher Hitchens) también el ideario del proyecto destinado a asesinar al general chileno René Schneider que era líder de las Fuerzas Armadas de Chile y se hubiese opuesto al golpe de Estado. Fue también quien dio “luz verde” a los generales argentinos para el terrorismo de estado aún en contra del pedido del embajador de EE. UU. Robert C. Hill.

EE. UU. fue el principal financista de los golpes de Estado. A principios de abril de 1976, el Congreso aprobó una solicitud de la Presidencia de Gerald Ford, escrita y respalda por Kissinger para otorgar $50,000,000 a la junta. A fines de 1976 el Congreso de Estados Unidos otorgó $30,000,000 adicionales en ayuda militar y las recomendaciones de la administración de Ford para aumentar la ayuda militar a $63,500,000 el año siguiente fueron consideradas por el Congreso; la asistencia, el entrenamiento y las ventas militares al régimen de Videla continuaron durante la sucesiva presidencia de Jimmy Carter hasta al menos el 30 de septiembre de 1978, cuando la ayuda militar fue oficialmente detenida dentro de la sección 502B de la Ley de Asistencia Exterior.

Entre 1977 y 1978, Estados Unidos vendió más de $120,000,000 en fabricaciones militares a la Argentina y en 1977 otorgó $700,000 al Departamento de Defensa para entrenar 217 militares argentinos. Finalmente, este programa de entrenamiento militar se suspendió en 1978 y la cifra llego hasta $1,115,000.

En el año 1992 se hallan en Paraguay los llamados «Archivos del Terror» donde se detallan las cifras de 50,000 personas asesinadas, 30,000 desaparecidas y 400,000 encarceladas.

Final de la Dictadura Militar

La derrota en la Guerra de Malvinas marcó el comienzo del fin del Proceso de Reorganización Nacional. Este proceso de final no empezó con la rendición, sino que se estaba desarrollando con anterioridad, estos fueron los siguientes:

A mediados de 1981 se había conformado la Junta Multipartidaria, por iniciativa de Ricardo Balbín, y con la finalidad de negociar con el general Roberto Viola quien era el presidente de facto, pero poco después fue reemplazado por Leopoldo Galtieri. El 30 de marzo de 1982 el sector sindical más combativo como lo era la CGT Brasil, en esta marcha hay una violenta represión que termina con un muerto y cientos de detenidos, ante esto la junta militar ordenaría desembarcar en Malvina tan solo 48 horas después. Esto habilita una tregua entre las FF. AA. y la sociedad, tregua que termina el 14 de junio de 1982. Galtieri renuncia y asume la titularidad del Ejecutivo Reynaldo Bignone quien anuncia el levantamiento de la veda política e intenta negociar con la Multipartidaria. Pero ya no se podían frenar las demandas de apertura y la vuelta a la democracia.